La justicia derrota a Jordi Cinca

Hace tiempo, ante un tema similar como el que ahora nos ocupa, dije que «el honor es incompatible con la corrupción». Y sigue siendo cierto. Así lo acredita la sentencia del juzgado de primera instancia número 20 de Barcelona del pasado 3 de abril, de conformidad con el ministerio fiscal. En ella, desestima la demanda de protección del honor que había formulado el actual ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, contra el prestigioso diario digital Crónica Global y su periodista Carlos Quílez. El motivo principal fue la publicación de la obra Diamantes sucios. Libro que tuve la fortuna de prologar, lo que resalta positivamente la juez, refiriéndose, entre otros extremos, a la relación de Cinca con Charles Taylor. Podría añadirse que este individuo, además de su vinculación con Cinca, fue uno de los dictadores más sanguinarios de África, desde su presidencia de Liberia, por lo que fue condenado por crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El autor del libro y uno de los demandados recoge cómo, en el marco de un «capitalismo depredador», Jordi Cinca, a través de la sociedad Orfund SA, que tenía como objeto social «la fundición de oro y comercio de diamantes», «mantuvo una intensa relación comercial, con el consiguiente enriquecimiento, con autoridades de Estados africanos sumidos en guerras y la más extrema pobreza». Es el objeto del libro.

Pero la gran victoria de esta sentencia reside en el siguiente párrafo: «El libro escrito por Carlos Quílez Lázaro se incardina dentro del derecho a la libertad de información y, como tal, prevalece, dado el interés público que tiene, sobre el derecho al honor del señor Cinca». A lo que se añade, como mayor fundamento de la resolución, lo siguiente: «El señor Cinca es una persona pública, es ministro de Finanzas de Andorra y, como tal, está sometido tanto a la crítica pública como a que se publique información sobre él que pueda tener un interés público. En este caso, considero que el saber los trabajos y las empresas en las que intervino con anterioridad a ser designado ministro de Finanzas tiene un interés público, […] acrecentado por […] haberse visto implicado […] en los denominados papeles de Panamá«.

Estamos ante una decisión judicial que fortalece los derechos humanos y nuestra democracia

Y el juzgado desautoriza las pretensiones de Cinca, entre otras razones jurídicas, porque «la información que se da en el libro no se hace con mala fe y, utilizando las palabras del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos), […] se proporciona ‘información precisa y confiable de acuerdo con los principios del periodismo responsable’. Por tanto, está ausente del mismo cualquier forma de ‘manipulación’ y de ‘tergiversación’ con la finalidad de atentar el honor del señor Cinca». En consecuencia, la información publicada no afecta para nada a «su reputación y buen nombre».

Estamos, pues, afirma la sentencia, ante un «reportaje neutral», cumpliendo así el periodismo y las publicaciones informativas su «papel vital» de «vigilante público». Así lo exigen las líneas básicas de la jurisprudencia del citado tribunal que reconoce a la libertad de expresión constituir «uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones básicas para el progreso y para la realización del individuo» (Sentencia Kacki c. Polonia de 4/7/2017), que atribuía dichos fines «no solo» a la «información» o «ideas» que son recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también a aquellas que ofenden, conmocionan o perturban. Tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras sin las cuales no existe una «sociedad democrática». Criterios ratificados, según la sentencia, por la del Tribunal Constitucional 139/2007, de 4 de junio.

Desde estos presupuestos, la sentencia analiza los diversos artículos publicados en el medio y los capítulos del libro excluyendo absolutamente cualquier propósito más allá del meramente informativo, como eran las actividades económicas en África y su relación con la sociedad Orfund SA en los que estuvo implicado Jordi Cinca antes de su nombramiento como ministro de Finanzas de Andorra. Son hechos de interés público amparados por la libertad de información. Por esta vez, estamos ante una decisión judicial que fortalece los derechos humanos. Es, también, un fortalecimiento de nuestra democracia.